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Es importante recordar que con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se busca priorizar el recurso hídrico como un derecho humano y en el sector agrícola no será la excepción, por tanto, se considera necesario valorar el reto para los usuarios en este ámbito, el cual será adaptarse a una mayor carga administrativa impuesta a través de la reforma legal, consistente en:

• Presentar reportes anuales de volumen bruto de agua extraído de cada fuente superficial o subterránea con fines de riego.
• Presentar reportes anuales de agua utilizada y de superficie total cultivada, los cultivos que se regaron y la producción obtenida de la superficie anual cultivada.
• Implementar las medidas para la eficiencia del uso del agua en el riego con base en los reportes a que se refiere el párrafo anterior, aunque se espera que se emita reglamentación al respecto.

Además de contar con prohibiciones expresas de actos que se podían realizar, como lo es que:

• No podrán transmitir sus derechos de agua a terceros, únicamente y como caso de excepción cuando se transmita la propiedad de la tierra, para lo cual la Conagua deberá de expedir un nuevo Título de Concesión por el plazo remanente al adquiriente a solicitud del vendedor.
• No podrán realizar el cambio de uso de agua por cualquiera otro.
• No podrán ceder el uso de sus derechos de agua a terceros.

Suponiendo que el usuario agrícola se encuentre en una región que enfrente escasez, sequía, etc., se resumirá a que la situación del usuario estará sujeta a una regulación más estricta, priorizando el uso personal y doméstico, por lo que se vislumbra como una posibilidad la reducción a los volúmenes de agua concesionados en los títulos cuando lo considere necesario la autoridad, sin embargo, esta realidad también se encuentra presente para cualquier tipo de usuario distinto al público-urbano.